Colombia
Sociedad civil y cooperación internacional impulsan en Sucre el seguimiento ciudadano a la Política de Paz y las garantías democráticas

Entre los meses de abril y diciembre, desde Hanns Seidel Stiftung promovimos una agenda continua de espacios orientados al seguimiento de la Política de Paz, la protección de defensores y defensoras de derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia territorial en Sucre, en articulación con FUNDIMUR, organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas.

El proceso inició el 24 de abril con el panel “Ejecución de la Política de Paz en los Planes de Desarrollo Territoriales”, realizado en atención al artículo 6 de la Ley 2272 de 2022 (Ley de Paz Total), que obliga a los gobiernos territoriales a incorporar un capítulo de paz en sus planes de desarrollo. El espacio contó con la participación de funcionarios de las secretarías de Planeación del departamento de Sucre y del municipio de Sincelejo, y permitió un ejercicio de monitoreo ciudadano sobre la inclusión y ejecución de esta política pública.

Durante el diálogo se evidenció que el plan departamental incorpora el capítulo de paz exigido por la ley, aunque su ejecución se concentra principalmente en política social, atención a víctimas y apoyo a firmantes del Acuerdo de Paz. En el caso del municipio de Sincelejo, se señaló la ausencia formal del capítulo de paz; no obstante, la administración municipal expuso iniciativas orientadas a la prevención de la violencia y la reincorporación social de jóvenes, mediante programas de cultura, deporte, educación y empleo, que han beneficiado a cerca de 1.500 jóvenes, así como acciones con población vulnerable y víctimas del conflicto. En ambos niveles se identificó la necesidad de avanzar en indicadores claros que permitan medir el impacto de las acciones.

El 12 de junio, junto a FUNDIMUR y la Mesa Sucreña por la Paz, acompañamos y promovimos el segundo taller preparatorio de la sociedad civil sucreña, concebido como un espacio autónomo de análisis y construcción de propuestas con miras a la segunda reunión de la Mesa Territorial de Garantías del departamento de Sucre. En este encuentro se identificaron riesgos persistentes para líderes y lideresas sociales, en particular para liderazgos ambientalistas de la subregión del San Jorge, así como los efectos del control territorial de estructuras armadas ilegales, que limita el ejercicio de las libertades públicas y la participación ciudadana en varios municipios. Como resultado, se acordó invitar a líderes ambientalistas a la siguiente sesión de la Mesa Territorial de Garantías y solicitar mayores niveles de protección y garantías.

Durante el mes de julio, fomentamos y participamos en el taller “Democracia, Elecciones y Control Ciudadano”, orientado al fortalecimiento de capacidades de la sociedad civil para la vigilancia ciudadana, el control social a la gestión pública y la participación informada en los procesos electorales, en un contexto marcado por riesgos de seguridad y restricciones a las libertades democráticas.

En agosto, junto a la Mesa Sucreña por la Paz y FUNDIMUR, impulsamos el panel “Vida y obra de Orlando Fals Borda”, con ocasión del centenario de su natalicio y los 17 años de su fallecimiento. El espacio resaltó el legado del sociólogo colombiano en la Investigación Acción Participativa (IAP), la reforma agraria, la construcción de paz y el fortalecimiento de las organizaciones sociales, así como sus aportes a la comprensión de la cultura, el ordenamiento territorial y la vida comunitaria desde las bases sociales.

Como parte de la fase de seguimiento y evaluación, en septiembre acompañamos dos espacios centrales. Por un lado, el Taller II sobre Ejecución de la Política de Paz en los Planes de Desarrollo del departamento de Sucre y el municipio de Sincelejo, en el que autoridades municipales y departamentales ampliaron información sobre los retos de seguridad y convivencia, las estrategias frente a la violencia urbana, el reclutamiento de jóvenes y la disputa territorial entre estructuras criminales, así como los programas de reconstrucción del tejido social. Se destacó el programa “Jóvenes de Paz”, que interviene a más de 2.000 jóvenes con enfoque familiar, territorial, laboral y psicosocial, y los avances en la reducción de los indicadores de violencia.

De manera complementaria, durante el mismo mes promovimos el panel “Evaluación de la Política de Paz Total”, con la participación del Ministerio del Interior, espacio en el que se analizó el marco legal y constitucional de esta política, los escenarios de negociación y sometimiento a la justicia, la situación de los distintos grupos armados y los desafíos persistentes frente a la reconfiguración del conflicto y su impacto en los territorios.

En octubre, participamos activamente en el Taller de Fortalecimiento de la Mesa Territorial de Garantías de Sucre, contribuyendo a la ampliación de la representación de la sociedad civil en este espacio de diálogo e interlocución con la institucionalidad para la prevención de riesgos y violencias contra defensores y defensoras de derechos humanos. Durante el taller se abordaron los fundamentos constitucionales del derecho a defender derechos, el mandato de la Corte Constitucional a través de la Sentencia SU-546 de 2023 y los avances hacia la adopción de una política pública de garantías.

Finalmente, en diciembre, junto a la Mesa Sucreña por la Paz y FUNDIMUR, promovimos el taller “Política Pública de Garantías y Preparación de la Reunión de la Mesa Territorial de Garantías”, orientado a fortalecer las capacidades de análisis y articulación de la sociedad civil frente al proyecto de decreto de política pública de garantías para defensores y defensoras de derechos humanos y el liderazgo social. En este espacio se socializó el contenido, los fundamentos constitucionales y legales de la propuesta normativa, sus principios, enfoques y la articulación institucional prevista, así como un balance de la situación de derechos humanos en el territorio, reiterando la necesidad de acciones urgentes de protección y lucha contra la impunidad.

Con este proceso sostenido a lo largo del año, reafirmamos nuestro compromiso con el acompañamiento activo a la sociedad civil sucreña, el fortalecimiento de los espacios de diálogo entre ciudadanía e institucionalidad y la promoción de una paz territorial basada en la participación, la transparencia y el respeto por los derechos humanos.