“El discurso del odio, el temor, el rencor o la venganza, no constituyen fundamento para aplicar la pena de muerte.” – Por tanto, el 26 de enero del 2017 se llevó a cabo una vista pública ante la Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala por la acción de inconstitucionalidad de la pena de muerte interpuesta por nuestra contraparte guatemalteca, la Asociación por la Integridad de la Gestión Pública. La pena de muerte, vigente desde 1825 en Guatemala, no ha contribuido a disminuir los índices de criminalidad y los altos niveles de impunidad en el país.
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El 26 de enero del 2017 se llevó a cabo una vista pública ante la Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala por la demanda de inconstitucionalidad de la pena de muerte, interpuesta por nuestra contraparte guatemalteca, la Asociación por la Integridad de la Gestión Pública (INTEGRIDAD). En dicha audiencia se presentaron argumentos por parte de representantes de nuestra contraparte y del Ministerio Público. Sin embargo, el Congreso de la República de Guatemala, que es la parte demandada, no tuvo representación alguna. También asistieron a la audiencia representantes de la Procuraduría General de la Nación, de la Delegación de la Unión Europea en Guatemala, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
La pena de muerte fue establecida en la Primera Constitución del Estado de Guatemala, de 1825. No obstante, ésta no ha ayudado a disminuir los índices de criminalidad y los altos niveles de impunidad. Además de su ineficacia, la pena de muerte también es una flagrante violación a los derechos humanos. Es por ello que se estima conveniente que se fortalezca el sistema de justicia de Guatemala, ya que es una vía efectiva para disminuir la impunidad y con ello, los altos índices de criminalidad.
La acción de inconstitucionalidad fue presentada el 25 de noviembre de 2016 por parte de miembros de INTEGRIDAD, y en ésta se pide declarar “inconstitucional” las normas penales que aún regulan la aplicación de la pena de muerte en Guatemala. La acción se fundamenta en diversos precedentes constitucionales y en la figura del bloque de constitucionalidad que integra el control de convencionalidad, tomando en cuenta no solo la Convención Americana y demás instrumentos internacionales, sino también la interpretación que de estos ha hecho la Corte Interamericana. La iniciativa ha contado con el apoyo de la Fundación Hanns Seidel, la cual, aparte de apoyar en la investigación y logística de esta iniciativa, colaboró en la publicación del documento “Inconstitucionalidad de Carácter General. Pena de Muerte”.
Según los representantes de INTEGRIDAD, para resolver una considerable parte del problema, “la sociedad guatemalteca debe exigir una reforma profunda del sistema penitenciario, que garantice la resocialización y, principalmente, el cumplimiento de las penas más severas impuestas a los condenados”. Agregan que “el discurso del odio, el temor, el rencor o la venganza, entre muchos otros, no constituyen fundamento para aplicar la pena de muerte”.
